UN IMPUESTO QUE NO ES IMPUESTO

 

  

TELEFONIA CELULAR

 

 

 

Al año 2014, Centro América contaba con 45 millones de habitantes,- redondeando la cifra-, y 54 millones de teléfonos celulares,- ibidem-.

 

En el Estado de El Salvador se cuentan casi 130 celulares por cada 100 habitantes. Así, en el terruño más pequeño de la América Central, mismo que cuenta con un poco más de 7 millones de habitantes, hay un inventario de cerca de 9 millones de celulares. Por otra parte, las importaciones de celulares y equipos relacionados ronda los US$100 millones al año. ¡Para ser un estado pobre, sí que saben los residentes gastar en teléfonía celular!

Es tremendamente curioso ver a las personas de bajísimos recursos e ingresos económicos, con aparatos celulares de avanzada. Cuando se pregunta a estas personas por qué tienen celular y por qué dos líneas telefónicas, casi siempre la respuesta es la misma: “Es que fíjese que, tengo celular solo para que me llamen”,- aparentemente ninguno de ellos realiza llamadas telefónicas-, y, “tengo dos porque así me sale más barato hablar cuando la compañía es diferente”.

Así, la gente se siente tremendamente realizada y satisfecha de continuar dando oro a cambio de espejos. ¡Todos contentos y nadie se queja de entregar sus exiguos, míseros y paupérrimos ingresos a las multinacionales de los celulares!

¡No hay duda que, el espíritu de la bella india Malinche se muestra omnnipresente entre los residentes del Estado de El Salvador!

Otro dato interesante es que, según las proyecciones en base al último censo de población del Estado de El Salvador, hay cerca de 850 mil personas menores de 7 años de edad, y casi 200 mil personas mayores de 75 años de edad. Como artilugio, para propósitos del presente análisis, se asume que esta porción de la población,- redondeada a 1 millón de personas-, no tiene teléfono celular por razones obvias.

Así, serían 6 millones de personas quienes son poseedoras de esas 9 millones de líneas celulares. De esto, se podría aseverar que, cada persona con acceso a teléfono celular, en promedio posee 1.5 líneas.

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LORENA PEÑA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y CARLOS CACERES MINISTRO DE HACIENDA

Para hacer frente a la perenne Guerra Civil,- Guerra Social-, en contra ahora de las maras o pandillas, el Gobierno del Estado de El Salvador desea recaudar anualmente, unos US$145 millones, en promedio con una nueva “contribución” que no es “impuesto”. Esto implicaría que, cada uno de los 6 millones de personas que posee celular, en promedio habrá de contribuir con cerca de US$24 al año,- centavos más, centavos menos-, unos US$2 al mes,- ibidem-.

Según los datos obtenidos por interpolación simple, en promedio cada habitante con celular paga una factura aproximada de US$240 al año,- US$20 al mes-, en concepto de telefonía de tal tipo.

Para obtener los recursos supra aludidos, el gobierno recién presenta una propuesta a la ASAMBLEA LEGISLATIVA,- AL-, para gravar con un 10% la factura de consumo por servicios de telecomunicaciones,- principalmente celular-. De ser aprobada esta ley, la misma solo tendría una vigencia de 10 años.

Esta propuesta se denomina oficialmente: “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”,- subrayar es propio de servidor-.

Con esta iniciativa, el gobierno busca fondos para los ejes del “Plan El Salvador Seguro”, según manifiestan tres miembros del gabinete.

El gravamen “recaerá sobre la adquisición o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos, terminales, aparatos o dispositivos que empleen para su consumo”, de acuerdo con un fragmento del Artículo 1 de la ley recién presentada por el Ministro de Hacienda.

Se asegura que no se trata de un impuesto, sino de una contribución, “ya que éste no irá al Fondo General de la Nación sino a un fondo particular para la seguridad ciudadana y convivencia”.

Comentario propio de servidor: “Si el gato es blanco, si el gato es negro, lo que importa es que se coma los ratones.” Realmente una gran dosis de ingenio y ocurrencia: “Un impuesto que no es impuesto.”

Se calcula que, se recaudará US$145 millones cada año con la contribución o nuevo tributo. “No puede ser utilizada para su destino especial. Si bien es cierto que 10 millones de teléfonos que andan circulando en nuestro país van a pagar, también es cierto que los beneficiarios son todos ellos que ahora van a tener una mejor calidad en la seguridad”, apuntó el responsable de las finanzas públicas, quien citó que el Artículo 11 de la ley establece que el “destino exclusivo de los recursos que generará la contribución es la seguridad ciudadana y convivencia”.

Supuestamente, la ciudadanía verá reflejados estos recursos en “instituciones de seguridad fortalecidas, en servicios institucionales eficientes para la población, la recuperación de espacios públicos, la reducción de la incidencia delictiva, la reducción del número de niños y jóvenes que no tienen trabajo y estudio, la reducción de la mora en las investigaciones del delito; el fortalecimiento, control y mejora de las condiciones de los centros penitenciarios, el desarrollo de programas de reinserción, la prevención del delito, y el perfeccionamiento del sistema de la administración de justicia”, entre muchas otras actividades, algo que, dijo, es la “esencia del Plan El Salvador Seguro”. Los recursos necesarios para echar a andar este plan han sido valorados en poco más de US$2,000 millones, que se reunirán con diversas fuentes.

La Señora Presidente de la AL, Lorena Peña, comunicó a los funcionarios del Ejecutivo que la pieza con la propuesta será analizada en una comisión junto a la que presentó el partido GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL,- GANA-.

Este último propone que el 10% de las ganancias que facturan las compañías telefónicas sea destinado a programas de seguridad, a través de un gravamen. Otra diferencia es que tendría un carácter indefinido.

El Ministro de Seguridad, Benito Lara, uno de los funcionarios asistentes a la presentación, pidió a las fracciones legislativas que de ambas iniciativas se saque una propuesta que “venga a contribuir a que el problema principal que se tiene también tenga un financiamiento especial que nos permita abordar todos los factores de riesgo que tiene nuestra sociedad en los cuales podamos hacer una inversión para ir solucionando poco a poco este problema”.

Por su parte, el Presidente Salvador Sánchez Cerén sostiene que, “los policías y soldados están muriendo y sacrificándose por la población y es justo que todos contribuyan contra la delincuencia”.

El mandatario dijo que para aplicar el Plan El Salvador Seguro, se necesita US$2,100 millones ya que, este año han invertido US$22 millones en la compra de chalecos para los policías, vehículos nuevos y fusiles.

También, agregó que, se han invertido US$15 millones en compensación económica a los miembros de la POLICIA NACIONAL CIVIL,- PNC-.

ARZOBISPO DE SAN SALVADOR JOSE LUIS ESCOBAR ALAS (centro)

El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, subraya que, cargar un nuevo impuesto a la telefonía significaría un retroceso. Señala que, el nuevo impuesto restringiría el uso de internet a niños quienes han recibido donaciones de computadoras. “En todas partes la dinámica es contraria: Los precios bajan porque la tecnología avanza y porque el número de usuarios aumenta. Aquí vamos para atrás, vamos subiendo”, dijo el Arzobispo el pasado Domingo. Insistió en que, lo mejor es erradicar la evasión fiscal.

Como paréntesis: ¿De dónde se ha sacado la idea que el consumo en telefonía celular debe ser considerado como parte de la canasta básica? ¿Paradoja del capitalismo salvaje, quizás?

Continuando...

Pero, el gobierno parece tener un as bajo la manga: El pasado día Lunes, por la mañana, la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES,- SIGET-, informó que aprobó el proceso para reducir las tarifas telefónicas en un promedio de hasta el 13%, medida que permitirá absorber el efecto de la contribución especial para la seguridad, que propone aplicar una tasa del 10% a los servicios de telecomunicaciones.

Ya se ha enviado la notificación a las empresas telefónicas, las cuales tendrán la oportunidad en los próximos cinco días hábiles de presentar alegatos a favor o en contra. Sería la segunda reducción acumulada desde el inicio del gobierno, pues en el 2014 este servicio experimentó una baja sensible para los consumidores del 12%. Este proceso de revisión de las tarifas se realizará a más tardar el 01 de Octubre y entraría en vigencia el 01 de Noviembre.

“La reducción en materia de telefonía es mayor que el porcentaje de la contribución especial,- para la seguridad-, de tal manera que eso elimina el efecto de cualquier incremento en la telefonía para la gente”, subrayó la titular de SIGET, Blanca Coto.

Por su parte, los diputados de la derechista ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA,- ARENA-, René Portillo Cuadra y Mauricio Ernesto Vargas, cuestionaron en una entrevista televisada la nueva propuesta de gravamen.

Según Portillo Cuadra, gravar hasta cuando el cliente pone fin al contrato por servicio de cable es darle “un tiro de gracia” a la población.

De igual manera cuestionó que se busque un nuevo impuesto a la población para la seguridad cuando aún no se ha utilizado unos préstamos adquiridos para ese fin.

El diputado derechista también advirtió que, si aprueba ese punto, se estaría violando la Ley de Protección al Consumidor.

Vargas criticó, por su parte, que el gobierno defienda que no se trata de un un impuesto cuando sí lo es, solo que lo “envuelven en papel celofán y se lo da a la población como un regalo”.

Duras críticas al Gobierno, tanto de derechas como de izquierdas, contra el nuevo impuesto,- “contribución”-, presentado ante la AL, incluso el Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y el expresidente Mauricio Funes, señalan que este impuesto afectaría a la población salvadoreña.

El primero en criticar esta disposición ha sido el Alcalde Nayib Bukele, quien comentó en su red social que, no es posible que se quiera gravar con un nuevo impuesto a la población cuando existen diferentes empresas que son evasoras de impuestos.

“¿Otro impuesto para el pueblo, con tantos evasores y corruptos? Que tristeza cuando las líneas se vuelven tan difusas en la política de mi país. Estar del lado del pueblo NO es negociable. ¿Del lado de quién estamos? Presidente Sánchez Cerén, usted sabe que lo apoyo. Por favor, vete cualquier nuevo impuesto para el pueblo. ¡Caballos de Troya en el Gobierno!”, expone Bukele.

Por su parte, el expresidente Mauricio Funes, aseguró que la nueva propuesta del gobierno de gravar con un impuesto o contribución especial el consumo de los servicios de telefonía no deja de ser una propuesta regresiva que no refleja el espíritu de una política tributaria basada en una concepción redistributiva del ingreso.

“Estoy convencido que el gobierno colectaría los mismos US$140 millones, o más incluso, con un impuesto al patrimonio y a los bienes suntuarios, como el que estableció el expresidente Duarte y que a la llegada de Cristiani y ARENA al poder fue derogado”, detalló Funes.

Sin faltar, los grupos parlamentarios de ARENA y GANA, aseguraron que no apoyarán la iniciativa de este nuevo impuesto a la población por considerar que afectara la economía de las familias.

Ana Vilma de Escobar del partido ARENA, señala que el gobierno debe manejar mejor el presupuesto, ya que aún tiene recursos y los debe saber utilizar, y no estar pensando en aumentar nuevos tributos.

Guillermo Gallegos del partido GANA, dice que, lo que ellos buscan es un impuesto específico a las ganancias de las telefónicas. Tratar de trasladar a usuarios el impuesto a las ganancias debería ser ilegal, la denuncia pública es importante.

Las derechas quieren dar la impresión que defienden a los residentes más pobres de un nuevo impuesto, luego que ellas mismas han aprobado hace varios años, el incremento del IVA del 10% al 13%. Además desde hace unos años, vienen pidiendo que, en vez de incrementar el impuesto sobre la renta, se incremente el mismo IVA del 13% al 15% porque esto es realmente más “democrático”.

Por supuesto, las derechas no desean que las izquierdas en el gobierno triunfen en su lucha contra las pandillas. Esto es un escenario que les infunde mucho pánico, pues implicaría una derrota en las siguientes elecciones generales. De esto, es necesario oponerse a que el gobierno tenga acceso a los recursos para continuar combatiendo a las maras.

No hay que olvidar también que, la AL, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y el PODER EJECUTIVO han caído en un desenfrenado despilfarro adquiriendo vehículos de lujo, otorgando viajes a diestra y siniestra a sus funcionarios, honorarios de infinidad de asesores, bonos para los diputados, bonos para los empleados del Organo Judicial, sueldos de guardaespaldas para muchísimos familiares de los funcionarios, etc. ¡Esto en realidad se ha convertido en una alegre piñata y el Estado ya no aguanta!

¡El saqueo de los fondos públicos de parte de todos y cada uno de los partidos políticos de la votocracia salvadoreña raya ya en lo extremo!

El actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, muy sabiamente ha acuñado una frase célebre: “El dinero alcanza si nadie roba.”

Pero,... ¡¿Un impuesto que no es impuesto?!

¡Saque el lector sus propias conclusiones!

José Roberto Campos hijo

DOM 27 SEP 15