Los residentes del Estado de El Salvador, cuyas edades sean superiores a los cuarenta
años de edad, deben recordar, aunque sea en una forma vaga, el escándalo del
llamado “CHEQUE DE LA VERGÜENZA”.
Para
finales de los años ochenta, el Partido Demócrata Cristiano,- PDC-, había
entrado en una fase de crisis interna permanente originada por las ambiciones
de pequeños grupos que querían hacerse con el control total del instituto
político. Además, la corrupción
corroía a este instituto político desde su
cúpula.
El día 6
de Marzo de 1988, el New York Times denuncia la vinculación de un hijo del entonces
presidente Duarte en la malversación de US$2 millones de ayuda estadounidense.
El dinero formaba parte de un programa multimillonario de la Comisión Nacional
para Restauración de Áreas,- CONARA-, cuyo presidente, un cercano socio de uno
de los hijos del entonces presidente de la República,
fue forzado a renunciar por presiones de la embajada de Estados Unidos en El
Salvador.
Más tarde, la familia del entonces presidente, se vio obligada a devolver públicamente, cierta cantidad de dinero mediante la emisión de una títulovalor, llamado en su oportunidad el “CHEQUE DE LA VERGÜENZA”.
Este
cheque, amparaba una suma de fondos públicos provenientes de una donación del
exterior, mismos que se habían canalizado a la cuenta de una fundación de la
familia.
George Santayana
ha dicho en su oportunidad: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados
a repetirlo.”
En estos
últimos días, se ha desatado un curioso escándalo, a raíz que una joven
ciudadana de este pequeño Estado, ha solicitado una certificación del “ACTA DE
LOS ACUERDOS DE PAZ” de 1992.
La
respuesta que se le ha dado es que, dicho documento de vital importancia para
la historia y vida política del Estado no obraba en poder del GOBIERNO Y ESTADO DE EL
SALVADOR.
Esto es,
algo así como decir que, el “ACTA DE INDEPENDENCIA DE CENTRO AMERICA”, no esté
en el Archivo General de Guatemala ciudad.
Así,
luego de la historia que todos han escuchado en los últimos días, el
expresidente de la República,- mismo quien firmara los mencionados acuerdos-, ya
había reconocido que dicho documento obraba en su archivo personal.
Ante la exhibición
pública de la que ha sido objeto éste, se ve ahora en la penosa situación de
devolver dicho documento al archivo. Es decir, de entregar el ejemplar original
que por ley le corresponde al GOBIERNO Y ESTADO DE EL SALVADOR.
Por
supuesto, habrá quienes alegarán en defensa del expresidente firmante y de las
derechas que, también la exguerrilla del FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA
LIBERACION NACIONAL,- FMLN-, cuenta con un documento original y debería
entregarlo para su depósito en el Archivo General de la Nación.
A decir
verdad, son tres los originales existentes, pues hay otro que obra en poder de
la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS,- ONU-, por haber sido el mediador y a
fín de cuentas testigo de honor y calidad de dichos acuerdos.
¿Debe
entonces el FMLN también entregar su ejemplar original?
¡La
respuesta es un rotundo “NO”!
En toda
negociación,- principalmente una para el cese de una guerra civil-, que
conlleva a un contrato, convenio y/o acuerdo, se deben emitir tantos documentos
originales como partes involucradas hay.
Así,
para el caso de mérito: Un ejemplar original para el GOBIERNO Y ESTADO DE EL
SALVADOR, un ejemplar original para el FMLN y otro para el mediador, la ONU.
Esto
así, precisamente porque cada documento hace las veces de un “documento
ejecutivo” con el cual las partes en diferendo podrían eventualmente exigir ante
la comunidad internacional y la ONU, el cumplimiento de un incumplimiento total
o parcial de lo acordado,- juego de palabras intencional-.
¡Saque
el lector sus propias conclusiones!
VIE 17 OCT
14
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