MEGA CARCEL

 

MEGA CARCEL RECIEN INAUGURADA

 

Dicho en una forma nada embozada, de todos es bien sabido que el problema número uno en El Salvador, por muchos años ha sido, según sus residentes, el de la inseguridad ciudadana y la alta criminalidad y violencia. A finales del 2021, casi el 50 por ciento consideraba este cáncer como el principal mal que aquejaba al país y al cual no se le veía solución posible. ¡Inconcuso!

 

La última respuesta que ha dado el gobierno salvadoreño para combatir este problema en forma frontal, ha sido la implantación de un Régimen de Excepción, mecanismo permitido en la Constitución para abordar situaciones de emergencia en forma temporal. Pero, ¿cuánto tiempo es temporal?

 

Desde el mes de Marzo del 2022, el gobierno ha recurrido a esta herramienta, mes a mes, para casi erradicar la inseguridad, así como la criminalidad y violencia en el territorio luego de un fín de semana sangriento en el que las “maras”,- pandillas-, asesinaran ochenta y siete personas.

 

Mucho se ha dicho sobre el hecho que, luego de la finalización de la guerra civil en 1992, tanto los cuatro gobiernos derechistas de la Alianza Republicana Nacionalista,- ARENA-, como luego los dos gobiernos “izquierdistas” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,- FMLN-, y el actual gobierno presidido por Nayib Armando Bukele Ortez, habían negociado y pactado con las pandillas para que la violencia no excediera ciertos límites. Dicho en otras palabras, se dice que se había pactado con el diablo, pagando una extorsión estatal y se concedía ciertos privilegios a las pandillas.

 

Incluso algunas voces del FMLN han gritado que, el actual gobierno había también pactado con las padillas pero luego las había traicionado y les había pagado con este Régimen de Excepción. Una pregunta que debe ser formulada sin fanatismo alguno, partiendo del hecho que ello sea cierto: ¿debe ser considerado execrable que el gobierno haya “traicionado” en esa forma a las pandillas?

 

¿Qué es el Régimen de Excepción? En forma sucinta, es una suspensión y limitación de ciertos derechos y garantías constitucionales. De esta forma, el gobierno central, ha logrado una herramienta para reprimir, perseguir, detener y someter a los pandilleros. Sin embargo, también es cierto que se han restringido varios derechos.

 

Los opositores de Bukele, aducen y demandan que, como la violencia y la inseguridad están ya controladas, entonces ya no se justifica la continuación del Régimen de Excepción. Parece ser que lo que se busca es el retorno del caos, tal como lo dijo por ahí un periodista político y otrora diputado quien mencionó, en forma muy seria e infeliz, esta semana que, él extrañaba los días de la guerra y la violencia y que le hacía falta escuchar el traqueteo de las ametralladoras.

 

La jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,- UCA-, ha concedido que, la popularidad de Bukele se ha visto de nuevo incrementada por la instauración del Régimen de Excepción y es que, la población, según diversas encuestas, apoya esta medida y manifiesta sentirse segura ahora. ¡También asevera dicha universidad que, sin el Régimen de Excepción, la popularidad del presidente caería drásticamente!

 

Además, la máxima autoridad de esta universidad ha proclamado que, todos los pandilleros merecen una segunda oportunidad, lo cual es muy atinado, pero luego de cumplir la deuda que tienen con la sociedad por los crímenes cometidos. O acaso… ¿se propone que se les mande de nuevo a las calles haciéndoles antes prometer que se habrán de portar bien de acá en adelante?

 

Que los números de los homicidios pueden estar manipulados, es una posibilidad que cabe; sin embargo, la población respalda las medidas. El argumento del que el gobierno salvadoreño echa mano para justificar su modo de actuar, es precisamente que el bienestar público debe primar sobre el bienestar de algunos, por lo cual, no se está afectando los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población, tan solo se están restringiendo ciertos derechos constitucionales de miembros de las pandillas para beneficio de los demás residentes. También, es imposible negar que muchos inocentes han sido detenidos y ha habido hasta fallecidos dentro de las cárceles.

DIPUTADA CLAUDIA ORTIZ

Claudia Ortiz, diputada opositora del partido VAMOS, quien ha ganado visibilidad y notoriedad como una voz emergente, hace frente al gobierno central y le exige que rinda cuentas. Ella reconoce que, el despliegue de la policía y mayormente del ejército es popular de cara a las cámaras y sobre todo apoyado enormemente por la población.

 

Continúa manifestando la misma diputada que, no se puede negar que la población aplaude estas medidas y es cierto que se ha reducido la violencia pero, a un alto costo. En este momento hay resultados, pero, ¿qué va a pasar después? ¿Se habrá alimentado un monstruo que no se podrá luego controlar? Ella es de la opinión que lo que actualmente sucede es una nueva negociación con las pandillas. (¿?)

 

Para Claudia Ortiz, los residentes de El Salvador están en un momento de la historia en el que no dan un apoyo gratuitamente. El apoyo y la popularidad que presenta el presidente tienen que ver con que ha hecho cosas muy concretas, pero no necesariamente sostenibles o integrales.

 

Y continúa diciendo que, parece ser que en el escenario actual, los gobernados están y han estado dispuestos a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad, incluso hay una disposición de perder la libertad a cambio de tener seguridad.

 

Finalmente, esta semana el Gobierno de El Salvador ha presentado en cadena nacional de radio y televisión, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel en la que estarán miles de miembros de pandillas y, que según el gobierno, quien entre allí, no volverá a salir.

 

Con una capacidad para 40 mil reos, la prisión está hecha exclusivamente para el confinamiento de los integrantes de las pandillas, calificados como terroristas por el gobierno. Es una prisión de alta seguridad, con varios anillos de vigilancia, una cerca electrificada con 15 mil voltios, con custodios penitenciarios, soldados y policías que controlarán el perímetro a través de 19 torres de vigilancia. Además 50 miembros de la policía apoyan de manera permanente las requisas. Por otra parte, la prisión con una extensión de casi 165 hectáreas, está completamente aislada de cualquier zona urbana.

 

En efecto, parece que los reos estarán ahí por muchos años. A decir verdad, sí es comprensible que el gobierno se sienta orgulloso de los logros obtenidos en materia del incremento radical en la seguridad y de la erradicación de la violencia y criminalidad; sin embargo, ¿es factible vender la idea de un país sintiéndose orgulloso de tener la más grande cárcel en América Latina? ¡La respuesta la tiene el lector en su apreciación de la relación costo – beneficio!

 

¡Saque el lector sus propias conclusiones!

 

 

 

José Roberto Campos h.

DOM 05 FEB 23