CINCO AÑOS MAS

MAURICIO RAMIREZ LANDAVERDE

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

Respetado lector, ¿cree usted que se puede considerar al Estado de El Salvador un Estado Fallido?

Antes de responder, conteste usted las siguientes preguntas, relativas a qué características son necesarias para definir a un estado como fallido:

1) ¿Se ha perdido el control del territorio nacional y/o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza?

2) ¿Existe una erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones?

3) ¿Hay una incapacidad para suministrar los servicios básicos?

4) ¿Existe un fracaso social, político y económico, por la existencia de un gobierno débil o ineficaz y con poco control territorial?

5) ¿Hay altos niveles de corrupción y criminalidad con desafíos a la autoridad e ineficacia judicial?

Sin pasionismo, ¿cuántas de las anteriores preguntas ha respondido usted en forma afirmativa?

Desde el año 2010, el Fondo por la Paz,- Fund for Peace-, de los Estados Unidos de América, ya tenía en la lista de espera para ingresar al “selecto” grupo de Estados Fallidos, a México y a El Salvador.

Tanto los gobiernos derechistas de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA,- ARENA-, como los de corte izquierdista del FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL-, FMLN-, han fracasado rotundamente en sus esfuerzos,- reales o ficticios-, para terminar de una vez por todas con el problema de las pandillas,- “maras”-, en el Estado de El Salvador.

ARENA implantó en su momento,- Francisco Guillermo Flores Pérez (1999–2004) y Elías Antonio Saca González (2004–2009)-, los planes “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, respectivamente, como estrategias para combatir la delincuencia y las pandillas. ¡Ambos planes han sido en su momento un total fracaso!

En términos de violencia y delito, Mano Dura y Súper Mano Dura arrojaron resultados negativos, intensificándose la violencia. Aumentaron los delitos vinculados a las maras incluyendo de manera creciente los secuestros y extorsiones.

Por otra parte, el encarcelamiento masivo de los mareros facilitó la articulación de redes delictivas en el interior de los centros penales, y la formación de estructuras más jerárquicas y mejor organizadas.

Algo quedó muy claro: Cuando se declara la guerra a los criminales, éstos se organizan, en las cárceles se organizan mucho mejor y el derramamiento de sangre no termina.

Luego, tras la llegada del primer gobierno del FMLN,- Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009–2014)-, salió a la luz pública el escándalo de la “tregua” entre las pandillas, con el beneplácito del gobierno central.

Y para terminar de adornar el pastel con una linda cereza, hace unos días, se ha sabido que, recientemente ha habido otro conato de “tregua”, también apadrinado por el segundo gobierno del FMLN,- Salvador Sánchez Cerén (2014–)-. Esto, a pesar de estar en marcha el innovador “Plan El Salvador Seguro”,- PES-.

Y hace un par de días, se desayunan los residentes del Estado de El Salvador, con una notica que en nada asombra, pero que en mucho indigna a éstos: El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseveró que, la recuperación de los territorios ocupados por pandillas es un trabajo que puede llevar cinco años o más.

Este funcionario señaló que el aspecto clave para dar seguridad a las comunidades controladas por pandilleros es que las familias vuelvan a empoderarse y pierdan el miedo. (¿?)

El funcionario ha celebrado en los últimos días los resultados del PES. En cuanto a la intervención de los municipios priorizados, asegura que ha tenido buenos resultados en la disminución de homicidios, y que la tendencia del número de asesinatos este año continúa a la baja, respecto al año pasado.

Es muy cierto que los homicidios han disminuido, pero lo que los gobernados desean no es el sesenta por ciento de homicidios, si no que esta vorágine de crímenes desaparezca y la guerra civil, en esta nueva etapa, termine de una vez por todas.

El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana lanzó recientemente una tercera fase del PES, añadiendo 24 municipios a la lista de los territorios priorizados para la intervención represiva y preventiva por parte del gobierno, sumando ya 50 municipios en dicha lista.

En la actualidad, en la mayoría de los territorios tomados por las pandillas las personas que ingresan deben seguir un protocolo impuesto, tal como, apagar las luces del carro y conducir a baja velocidad, por ejemplo.

¡Landaverde reconoció la existencia de muchos lugares en los que se vive de esta manera!

Agregó que, el temor de la población a la no denuncia es lo que ha provocado tal situación, por ello dijo que lo que se debe hacer es “empoderar”,- verbo de origen izquierdista a tono con el famoso “todos y todas”-, a las comunidades para que sean lo gestores de su propia seguridad en alianza con la corporación policial.

En días pasados ha circulado una noticia sobre el desalojo de la delegación policial de San Idelfonso, Departamento San Vicente, aduciéndose el no pago del alquiler. Ante esto último, Ramírez Landaverde respondió que, el inmueble ocupado por la Policía estaba en comodato y que por un litigio entre la municipalidad de la localidad y terceros se tuvo que desalojar.

Por otra parte dijo que, la mayoría de noticias que circulan por las redes sociales son falsas, respecto a la situación precaria en la que desempeñan su labor los agentes. “Hace falta muchos recursos y trabajamos bajo planes de austeridad,” expresó.

De nuevo, estimado lector, lea las primeras cinco preguntas y vuelva a contestarlas. ¿Cuántas respuestas afirmativas?

¿Serán capaces los gobernados del Estado de El Salvador de soportar otros cinco años,- con el gobierno del partido que sea-, con pandillas “empoderándose” cada vez más y más en el territorio, en la política y en la sociedad.

¡Saque el lector sus propias conclusiones!

José Roberto Campos hijo

DOM 19 NOV 17